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El Gobierno abolirá la prostitución sin saber cuántas personas la ejercen en España
El Gobierno abolirá la prostitución sin saber cuántas personas la ejercen en España

Esta política integral de ayudas psicológicas, médicas, jurídicas, económicas o sociales para su recuperación e integración sociales sería muy similar a la red de asistencia con la que Estado, autonomías y ayuntamientos tratan de rescatar a las víctimas de la violencia de género de esa otra lacra. Esta red social de recuperación se desarrollaría a través de la ley de Trata, cuyo borrador elaboran en la actualidad los ministerios de Igualdad y Justicia. Las mujeres extranjeras están atravesadas por varios ejes de desigualdad e interseccionalidad (sexo, estrato dentro de la prostitución, lugar de ejercicio, nacionalidad, idioma, cargas familiares, etc.) que marcan su situación dentro del comercio sexual, ofreciéndoles mayor o menor protección contra la violencia y el abuso. Por ejemplo, las mujeres en situación administrativa irregular, con cargas familiares, racializadas o con desconocimiento del idioma tienen más fuentes de agresión o abuso. Por otro lado, las mujeres situadas en polígonos industriales, carreteras o vías públicas están más expuestas a agresiones que en los espacios cerrados. Estas fuentes de violencia y opresión proceden principalmente de los clientes, de la policía, de los grupos incontrolados, de sus parejas, de las personas encargadas de los establecimientos y de los proxenetas.

Por este motivo, desde su despacho Granda y Asociados, ha lanzado un proyecto de reinserción llamado Woman helps woman. Una iniciativa que pretende ayudar a las mujeres en riesgo de exclusión social a tener otras fuentes de ingresos. Regulando sus derechos de trabajo, estas mujeres estarían más seguras ya que podrían denunciar todos los abusos que se cometan contra ellas”, explica por su lado Nuria Granda, abogada penalista especializada en violencia machista. Holanda, por su parte, levantó la prohibición de los burdeles en el año 2000 y desde entonces tolera el trabajo sexual, pero deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de exigir un permiso para trabajar en el sector.

En el discurso social se confunden los términos trata, tráfico, prostitución coactiva y prostitución por decisión personal. Mientras que la trata y la prostitución coactiva suponen violencia, coacción y agresión, ya sea verbal, sexual o física, no sucede lo mismo con la prostitución voluntaria o el tráfico de mujeres, porque en ambos casos puede o no existir violencia contra ellas. Y si la trata es una situación minoritaria, no lo es el tráfico o la prostitución coactiva, aunque los datos son escasos a este respecto (Meneses, 2019). La legislación represiva que supone esta ley se complementaría con acciones concretas para la recuperación de las víctimas de la explotación sexual, las prostitutas, mujeres en nueve de cada diez casos —y en la inmensa mayoría de las ocasiones, extranjeras— con mucha frecuencia sin papeles de estancia legal en España y víctimas de las redes de trata de personas.

El debate de la prostitución en España es uno de los más complejos y fragmentados del momento actual.Para contribuir a dicho debate y entender la situación de las mujeres en este sector, se han recogido 41 entrevistas e información etnográfica durante tres años. Entre los resultados se ha hallado que las mujeres en el sexo de pago están atravesadas por varios ejes de desigualdad e interseccionalidad (género, nacionalidad, etnicidad, cargas familiares, situación administrativa, idioma, nivel de prostitución o lugar de ejercicio) que marcan su situación dentro del comercio sexual, ofreciéndoles mayor o menor protección contra la violencia. Las fuentes de violencia proceden principalmente de clientes, pareja, proxenetas, condiciones del entorno y persecución policial. Además, las actitudes negativas y criminalizadoras hacia la prostitución conllevan una mayor estigmatización y violencia hacia ellas. Sin embargo, las mujeres han desarrollado mecanismos de autodefensa y la creación de redes de apoyo. Existe una extensa literatura en prostitución que señala a los clientes como una fuente de agresión hacia las mujeres en el trabajo sexual o prostitución.

En este modelo se despenaliza el ejercicio de la prostitución, pero la responsabilidad recae en lo qu rodea a la práctica, es decir, proxeneta y cliente. Se ve a la mujer prostituida como víctima y se ofrecen alternativas para salir de ese entorno. En este sistema se considera a la prostitución como una vulneración de los Derechos Humanos y una forma de dominación por parte del hombre a la mujer, propia de la sociedad patriarcal, que lleva a la desigualdad y a la violencia de género. Algunos países que han adoptado el modelo regulacionista de la prostitución son Australia, Suiza y algunos estados de EE.UU. En Australia, según el Informe de Trata de Personas 2020 del Departamento de Estado de EE. UU., el país es tanto un lugar de destino como de origen para las víctimas de la trata de personas.

La prostitución libre no está recogida en el Código Penal, pero éste sí que establece con claridad los delitos de prostitución de menores, la prostitución forzada o coaccionada en mayores de edad y el hecho de lucrarse de que otra persona ejerza la prostitución, aunque lo haga voluntariamente, si hay explotación. soñando en lugo la resolución (cuyo final se huele) que el hecho de que el ejercicio de la prostitución por la propia persona prostituida no sea ilícita penalmente no significa que sea una actividad lícita o permitida, sin que la mera tolerancia pueda considerarse declaración de licitud; antes bien, constituye una actividad prohibida por normas legales no penales. Tributarían en el IRPF cuando sean por cuenta ajena, al tener que declarar los rendimientos del trabajo personal de las rentas obtenidas por el ejercicio de la actividad. Si fuese como empresario/a individual, sus ingresos estarían sujetos como rentas derivadas de actividades económicas. Al ser un mercado alegal se caracteriza por su flexibilidad laboral, tanto en horarios, lugares y espacios de ejercicio.

El CITCO alude además a un total de 129 víctimas de trata sexual en el año 2022, de las cuales 120 eran mujeres y 4 niñas menores de edad. Por comunidades autónomas, Andalucía registró un total de 26, seguida de la Comunidad de Madrid con 22 y la Región de Murcia con 18. En el caso de las víctimas por explotación sexual, las cifras del año 2022 ascienden hasta las 435 personas, de las que 400 eran mujeres y 10 niñas menores, situando nuevamente a Andalucía a la cabeza con 148 casos. La mayoría de los hombres (53,5%) y mujeres (61,4%) en España ven "inaceptable" pagar a una mujer por mantener relaciones sexuales aunque no todos están de acuerdo en que el consumo de prostitución tenga que ser castigado por la ley.

En países como Hungría y Letonia la prostitución es legal y está regulada, pero no los prostíbulos. Este Ejecutivo "no va a avalar a un sindicato de una actividad que es ilegal", ha recalcado la ministra. En el caso de España existen normas municipales que sancionan esta actividad en la vía pública. La problemática es amplia y variada y parte de la base de que el consumidor de sexo está en una posición de privilegio y, en muchas ocasiones, impone prácticas sin protección contra las enfermedades o violentas, por no hablar de las condiciones inhumanas a las que, con frecuencia, les someten los tratantes o explotadores. De hecho, el portal feminicidio.net calcula que desde el 2010 a 2021 han sido asesinadas 60 prostitutas.

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