Notes

Efectos sobre las trabajadoras sexuales
Los políticos en España parece que no tienen un charco al que no quieran meterse, pero hay un asunto que no se atreven a tratar: la prostitución

La Unión Europea es un referente para la investigación de CIDOB, tomando en consideración los debates sobre su transformación interna y como actor internacional. En la práctica, las prostitutas pueden darse de alta como autónomas bajo un epígrafe que no especifica su dedicación en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Para entender desde dentro cómo les afectará esta reforma del Código Penal, pasamos un día con ellas en los diferentes lugares donde trabajan, desde agencias de escorts, hoteles y clubs hasta las viviendas autogestionadas.

Dos décadas más tarde tuvo lugar la fundación de la
Sociedad Española del Abolicionismo (1922) y, tras la promulgación
de las Bases de 1930, el advenimiento de la II República, una de
cuyas primeras medidas fue la creación del Patronato de Protección
a la Mujer, que continuó la labor de la misma institución
creada en 1902. Antes
de pasar al análisis del contenido de los capítulos que conforman
la obra, cabe destacar, en primer lugar, el contenido exhaustivo de citas
y obras referentes a la prostitución actuales y pretéritas
que Jean-Louis Guereña introduce en el trabajo y que acompañan
al texto a pie de página, correspondiendo la mayor parte de ellas
a obras y autores españoles, aunque tampoco faltan las de un buen
número de autores extranjeros. Esta profusión de citas demuestra,
por una parte, la excelencia del trabajo en si mismo y, por otra parte,
un ejercicio de erudición y de tratamiento de la información
muy importante de cara a poder ampliar y analizar con mayor profundidad
las aportaciones y los contenidos históricos y documentales implícitos
en esta obra. Y es que la principal diferencia del actual marco de alegalidad en el que se encuentra la prostitución en España, es que, de aprobarse la reforma del Gobierno, se consideraría explotador sexual a todo aquel al que «con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento que favorezca o facilite la prostitución».

Esto es, prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución. La horquilla coincide con las cifras que en los últimos años han dado diferentes informes. En el CIS citado de 2008, el 4,6% de los hombres reconoció que había pagado por mantener relaciones sexuales en los 12 meses previos a la encuesta. pasión.com girona cifra sube hasta el 5,3%, precisamente, entre los jóvenes de 18 a 24 años y baja hasta el 2,4% entre los mayores de 65 años. El estado legal actual de los servicios sexuales a cambio de dinero en nuestro país ha variado considerablemente durante los últimos 200 años.

Además, se basa en que España es un país eminentemente turístico y muchos de los visitantes recurren al sexo de pago. Este modelo busca la desaparición de la prostitución, no distingue entre la prostitución forzada o voluntaria, puesto que se supone que cualquier acto sexual a cambio de dinero se realiza bajo condiciones de abuso y explotación, lo que deja a la mujer en una situación vulnerable,a sin tener en cuenta el consentimiento, que no puede manifestar desde una posición de pobreza y vulnerabilidad, por lo que no hay voluntariedad. Este sistema relaciona la prostitución con el tráfico y la trata de personas con fines de explotación sexual, lo que conlleva criminalidad y delincuencia. Ese país tiene, además, una legislación sobre prostitución extremadamente laxa en la que en ningún caso se persigue ni condena a quien paga por sexo ni a los locales donde tiene lugar el mismo. Por todo eso, es uno de los principales destinos de turismo sexual del mundo y a él acuden cada año hordas de personas atraídas por su amplia red de mujeres en prostitución y sus más de 1.500 burdeles, según estimaciones de la Policía. En este apartado se examinan las violencias cotidianas que viven muchas mujeres en el trabajo sexual o la prostitución.

La criminalización conlleva la persecución y el acoso policial, las sanciones hacia las mujeres y sus relaciones, rompiéndose la posible confianza en la denuncia policial cuando sufren abusos y violaciones. Cuando un contexto es hostil hacia la prostitución –promovido por su ilegalidad–, se facilita la creación de grupos incontrolados racistas y xenófobos que abusan y violentan a las prostitutas, especialmente a las que tienen una presencia en la vía pública (Corso, 2004). España aplica un plan específico para luchar contra ella cuando es con fines de explotación sexual, que en febrero de este año dio comienzo a su segunda fase con el aumento de la presión sobre los clientes de prostitución.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) afirma que en España sobre un tercio de los hombres (32,1%) reconoce haber pagado dinero por mantener relaciones sexuales, de los cuales el 10,2% reconoció haberlo hecho en una única ocasión y el 21,9% más veces. Tal y como explica Mezo, este párrafo se ha acabado interpretando como que solo Puerto Rico y Tailandia tienen un mayor consumo que España. Los datos de la ONU fueron recogidos en un informe de una asociación de atención a la mujer prostituida y malinterpretados después por la revista Marie-Claire, que es la fuente que cita la Fundación Scelles para afirmar que "España es el tercer consumidor de prostitución del mundo tras Tailandia y Puerto Rico". Además, otras ciudades, como es el caso de Madrid, intentaron implementar su propia ordenanza contra la prostitución pero no tuvieron éxito. La propuesta del PSOE de 2019 pretendía multar con hasta 3.000 euros a los clientes en la capital. Sin embargo, nunca vio la luz tras tres informes encargados por la Concejalía de Políticas de Género y Diversidad, liderada por Celia Mayer, que rechazaban la iniciativa.

El perfil de cliente de prostitución ha cambiado mucho en los últimos años y, según advierte José Nieto, cada vez es más joven. "Nos imaginamos a un señor mayor, trajeado, de corbata, posicionado más o menos... pero el perfil ha ido cambiando" y ahora es mucho más joven, con una media de edad de 19 ó 20 años. Algo que se está dando porque en la sociedad se está extendiendo "el tema del ocio a los clubes de alterne", lamenta. La situación de 'alegalidad' en la que se encuentra la prostitución significa que quienes la ejercen voluntariamente no tienen protección laboral, de modo que no pueden darse de alta en la Seguridad Social, ni cotizar, ni sindicarse, ni ir a huelga, ni tener vacaciones, según comenta Bermejo.

Se supone que la mayoría de las visiones ideológicas luchan por erradicar la explotación y discriminación que sufren las mujeres, y trabajan para eliminar la desigualdad entre los sexos. Sin embargo, en ocasiones, no parece que tengan en el centro de sus discusiones a los sectores de mujeres más excluidos o estigmatizados, como son las prostitutas o trabajadoras sexuales. En anteriores trabajos se ha reportado cómo las legislaciones criminalizadoras aumentan la violencia hacia las mujeres en prostitución (Calderaro y Giametta, 2019). En este artículo, antes de abordar la violencia vivida por muchas mujeres en esta actividad, se describe el contexto social del sexo de pago en España, como país de estudio, para entender las fuentes de violencia que, posteriormente, serán expuestas en los epígrafes siguientes.

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