Notes

Regulación de la prostitución
Regulación de la prostitución: así está la normativa en España y Europa

Las mujeres en prostitución, especialmente en la calle, sufren violencia verbal, física o sexual por parte de personas o grupos incontrolados racistas y xenófobos. Por otro lado, las mujeres también mencionan los robos y hurtos que sufren en el desarrollo de esta actividad, que las llevan a desarrollar mecanismos de protección para evitar perder el dinero de una jornada de trabajo. La percepción de las mujeres entrevistadas es que se ha producido un aumento de la violencia hacia ellas, siendo el asesinato la máxima expresión de esta violencia. El
quinto capítulo de la obra lleva por título "El abolicionismo
en España (hasta 1935)". Aquí, el autor trata en primer lugar,
del movimiento y la campaña abolicionista iniciada por Josephine
E. Butler en 1875, que postulaba, como rasgos más generales, la
ilegalidad del reglamentarismo y la solución del problema venéreo
mediante la reeducación moral y sexual de hombres y mujeres en igualdad
de condiciones.

Tampoco deja fuera a los intermediarios y/o proxenetas que explotan a las mujeres que ejercen la prostitución. A pesar de las dificultades, las mujeres han desarrollado redes de apoyo mutuo entre compañeras de ocupación, que se protegen de la violencia de los clientes y se usan para aprender y aplicar estrategias de seguridad en diversos ámbitos. Asimismo, han desarrollado, con el paso de los años y la experiencia ante la violencia de otras compañeras, mecanismos de autodefensa como elegir a los clientes, pactar los servicios, guardar el dinero para evitar robos o la importancia de revisiones ginecológicas y del uso de protección (cuando les es posible). Además, el hecho de ser extranjeras y tener pocos lazos sociales dificulta aún más la prevención y la denuncia de la violencia, muchas veces sintiéndose aisladas de la sociedad española.

Desde el Gobierno se estima que entre un 90% y un 95% de las mujeres que son prostituidas son víctimas de trata o de explotación sexual. Sin embargo, por la naturaleza alegal de la actividad se trata de una situación complicada de manejar a nivel legal. Hablar de prostitución en España es hacerlo de un asunto controvertido y que parece estar situado en el limbo. La prostitución en nuestro país es alegal, una actividad que continua en pleno funcionamiento y que no ha sido reglada ni prohibida. La prostitución es ejercida en el mundo por más de 42 millones de personas, de las cuales el 80% son mujeres o niñas y el 75% con edades comprendidas entre los 13 años y los 25 años. Sí es objeto de represión penal cualquier forma de promoción, aprovechamiento o explotación de la prostitución ajena.

La prostitución es una actividad alegal en España y, por ello, apenas hay datos sobre cuántas mujeres la ejercen, ni en cuántos prostíbulos o pisos, cuántos hombres acuden a ellos y exactamente cuánto dinero mueve. Todo son aproximaciones o informes antiguos, que aportan una imagen solo aproximada de una actividad en España que buena parte del movimiento feminista considera como un acto de violencia hacia las mujeres. Pese a ello, obtener más información los especialistas consideran que la industria del sexo española es, sin duda, una de las más importantes del mundo.

Por su parte, la crisis pandémica ha disparado en algunos sectores donde se ejerce la prostitución los eventos violentos y de abuso hacia las mujeres, mediante el regateo de precios por parte de los clientes, la falta de flexibilidad de propietarios o vecinos, y la rigidez del sistema español de extranjería. Se ha aludido al contexto legal sobre la prostitución como una fuente micro y macrosocial de violencia para las prostitutas y trabajadoras sexuales. Pajnik y Radačić, (2020) realizaron un estudio en Eslovenia, con una legislación de despenalización, y Croacia, con una legislación más punitiva, poniendo de manifiesto cómo el contexto y las políticas sobre prostitución afectaban a las trabajadoras del sexo.

Dentro de las posibles secuelas del TEPT se pueden dar el miedo e impotencia, el adormecimiento emocional o por el contrario la hiperactividad, flashbacks de los acontecimientos traumáticos, nerviosismo, irritabilidad, estar alerta o insomnio. En la investigación, fueron entrevistadas 41 mujeres, la mayoría de las cuales migrantes, y de las cuales tres eran mujeres trans, que ejercían la prostitución sin coacción aparente en diversas provincias españolas. Se diseñó la realización de las entrevistas con la mayor diversidad de circunstancias y características sociodemográficas posibles entre las mujeres, ya que, en las investigaciones cualitativas, lo importante es la máxima diversidad –no la cantidad– que viene determinada, más que por la representatividad estadística, por el muestreo teórico (Morse, 2000).

Esto parte de la base que su ejercicio libre no está penado en todo el territorio español. PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo del Partido Popular en el Hemiciclo, aprobarán la abolición de la prostitución sin conocer a ciencia exacta las cifras que rodean esta polémica actividad. La propuesta del PNV para crear una subcomisión que permita elaborar «un diagnóstico veraz» del tema y así «legislar en consecuencia» no se votará este miércoles en la Cámara Baja, y ha quedado postergada sine die. Y según Médicos del Mundo, "las consecuencias del ejercicio de la prostitución para la salud mental son similares a las que sufren las personas sometidas a torturas”. La sanción prevista puede ascender hasta 3.000 euros si se produce a menos de 200 metros de un centro educativo, de lugares con afluencia de público infantil o de la celebración de un acto festivo o deportivo. De momento, solamente los ayuntamientos de Albal y Quart de Poblet han aprobado estas medidas a su ordenanza municipal.

Añadían, además, que no podía suponerse que su objeto era la explotación de la prostitución. Esto es, en un sector que, de facto, funciona, la parte patronal está reconocida legalmente pero no quien ejerce esos trabajos. El PIB mide el valor de la actividad económica de un país, es decir, todo lo que conlleva un intercambio económico. El indicador tiene en cuenta la economía sumergida (porque supone un intercambio monetario), pero no, por ejemplo, el trabajo de cuidados no remunerado porque no existe ese intercambio. Para estimar el impacto de las actividades ilegales o alegales, como la prostitución, el INE tiene en cuenta datos recopilados de varias fuentes, como la Policía, las ONG, el sistema sanitario o las patronales de clubes de alterne. El cambio en la forma de contabilizar la riqueza nacional tuvo su origen en la petición del organismo europeo encargado (el Sistema Europeo de Cuentas) de que todos los países incluyeran en sus cuentas el dinero que mueven la prostitución o el tráfico de drogas.

Una vez aquí, se encuentran con el control de fronteras y las políticas migratorias de los países europeos, lo que conduce a situaciones de falta de derechos, racismo, transfobia, misoginia y altos costes migratorios. A pesar de haber proyectos migratorios individuales, la realidad es que los proyectos migratorios –de un gran número de mujeres que acaban en la prostitución– son familiares o grupales (Oso, 2010), ya que su migración supone la mejora de vida de toda la familia nuclear y a veces la lejana. Las mujeres tienen la responsabilidad de mantener a la familia –progenitores e hijos– pues sus parejas abandonaron pronto las obligaciones con ellos. Así, el proyecto migratorio que muchas mujeres contemplaban desde sus países de origen podía suponer, en algunos casos, ejercer la prostitución, pero en otros no. Sin embargo, una vez en España, la prostitución se convirte en el destino casi inevitable cuando no se posee documentación adecuada para residir y trabajar.

De esta manera, se sanciona al usuario o consumidor de tales servicios o a la persona intermediaria que negocie para terceras personas. El Ayuntamiento de León es el último en sumarse a la lista con la implementación de su nueva ordenanza que busca prohibir las conductas "que puedan considerarse como favorecedoras o que promuevan el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual, el mercado de la prostitución y/o el turismo sexual, con independencia de que sean constitutivas de infracción penal". Estas medidas han sido puestas en duda múltiples veces, dado que las ordenanzas municipales no pueden entrar en conflicto en ningún caso con la ley estatal, por lo que no pueden prohibir la prostitución en sí misma, sino que se limitan a hacerlo en determinados ámbitos (como es el caso de aquellas personas que la ejercen en la vía pública). De hecho, en 2019, el Ayuntamiento de Madrid se planteó aplicar una regulación similar a la de Barcelona, llegando a la conclusión de que excedía las competencias del ayuntamiento. En León no se menciona la prostitución callejera en ninguna norma local de forma específica, pero la ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las Conductas Antisociales recoge multitud de infracciones relacionadas con esta actividad y en el caso de Ávila está expresamente prohibida.

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