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Efectos sobre las trabajadoras sexuales
Políticas criminalizadoras de la prostitución en España: Efectos sobre las trabajadoras sexuales

La mayoría de las mujeres que se prostituyen son obligadas a hacerlo por parte de mafias de trata de personas. pasiin. com tienen como objetivo mujeres de países con dificultades económicas como Brasil, Paraguay, Nigeria, Rumanía y China. Buscan a personas vulnerables y de familias desestructuradas a las que "es muy fácil engañar" debido a su bajo nivel cultural.

Por último, muchas reportan no tener suficiente independencia económica o habitacional para poder tomar la decisión de separarse y denunciar ante la violencia de sus parejas. A nivel macrosocial, estas mujeres se enfrentan a diversas formas de violencia relacionadas con el sistema patriarcal y la violencia institucional a través de las leyes migratorias españolas, entre otras. Las actitudes, percepciones y valoración de la prostitución/trabajo sexual negativas y criminalizadoras conllevan una mayor estigmatización y violencia hacia ellas.

El consistorio catalán amplió esta norma en 2012 para actividades que buscan “ofrecer o aceptar, prestar servicios sexuales retribuidos en el espacio público”. Contempla multas de hasta 750 euros y en el caso de los clientes esta cifra puede subir hasta 3.000 euros. Los informes de la ONU apuntan que el 39% de los hombres en edad adulta en España admiten haber pagado en alguna ocasión por mantener relaciones sexuales. La alegalidad de la prostitución ha llevado a muchos gobiernos locales a tomar medidas para luchar contra el fenómeno. El modelo que tenemos en España con respecto a la regulación de la prostitución se conoce como 'abolicionista clásico'.

Además, se basa en que España es un país eminentemente turístico y muchos de los visitantes recurren al sexo de pago. Este modelo busca la desaparición de la prostitución, no distingue entre la prostitución forzada o voluntaria, puesto que se supone que cualquier acto sexual a cambio de dinero se realiza bajo condiciones de abuso y explotación, lo que deja a la mujer en una situación vulnerable,a sin tener en cuenta el consentimiento, que no puede manifestar desde una posición de pobreza y vulnerabilidad, por lo que no hay voluntariedad. Este sistema relaciona la prostitución con el tráfico y la trata de personas con fines de explotación sexual, lo que conlleva criminalidad y delincuencia. Ese país tiene, además, una legislación sobre prostitución extremadamente laxa en la que en ningún caso se persigue ni condena a quien paga por sexo ni a los locales donde tiene lugar el mismo. Por todo eso, es uno de los principales destinos de turismo sexual del mundo y a él acuden cada año hordas de personas atraídas por su amplia red de mujeres en prostitución y sus más de 1.500 burdeles, según estimaciones de la Policía. En este apartado se examinan las violencias cotidianas que viven muchas mujeres en el trabajo sexual o la prostitución.

La criminalización conlleva la persecución y el acoso policial, las sanciones hacia las mujeres y sus relaciones, rompiéndose la posible confianza en la denuncia policial cuando sufren abusos y violaciones. Cuando un contexto es hostil hacia la prostitución –promovido por su ilegalidad–, se facilita la creación de grupos incontrolados racistas y xenófobos que abusan y violentan a las prostitutas, especialmente a las que tienen una presencia en la vía pública (Corso, 2004). España aplica un plan específico para luchar contra ella cuando es con fines de explotación sexual, que en febrero de este año dio comienzo a su segunda fase con el aumento de la presión sobre los clientes de prostitución.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) afirma que en España sobre un tercio de los hombres (32,1%) reconoce haber pagado dinero por mantener relaciones sexuales, de los cuales el 10,2% reconoció haberlo hecho en una única ocasión y el 21,9% más veces. Tal y como explica Mezo, este párrafo se ha acabado interpretando como que solo Puerto Rico y Tailandia tienen un mayor consumo que España. Los datos de la ONU fueron recogidos en un informe de una asociación de atención a la mujer prostituida y malinterpretados después por la revista Marie-Claire, que es la fuente que cita la Fundación Scelles para afirmar que "España es el tercer consumidor de prostitución del mundo tras Tailandia y Puerto Rico". Además, otras ciudades, como es el caso de Madrid, intentaron implementar su propia ordenanza contra la prostitución pero no tuvieron éxito. La propuesta del PSOE de 2019 pretendía multar con hasta 3.000 euros a los clientes en la capital. Sin embargo, nunca vio la luz tras tres informes encargados por la Concejalía de Políticas de Género y Diversidad, liderada por Celia Mayer, que rechazaban la iniciativa.

El perfil de cliente de prostitución ha cambiado mucho en los últimos años y, según advierte José Nieto, cada vez es más joven. "Nos imaginamos a un señor mayor, trajeado, de corbata, posicionado más o menos... pero el perfil ha ido cambiando" y ahora es mucho más joven, con una media de edad de 19 ó 20 años. Algo que se está dando porque en la sociedad se está extendiendo "el tema del ocio a los clubes de alterne", lamenta. La situación de 'alegalidad' en la que se encuentra la prostitución significa que quienes la ejercen voluntariamente no tienen protección laboral, de modo que no pueden darse de alta en la Seguridad Social, ni cotizar, ni sindicarse, ni ir a huelga, ni tener vacaciones, según comenta Bermejo.

Se supone que la mayoría de las visiones ideológicas luchan por erradicar la explotación y discriminación que sufren las mujeres, y trabajan para eliminar la desigualdad entre los sexos. Sin embargo, en ocasiones, no parece que tengan en el centro de sus discusiones a los sectores de mujeres más excluidos o estigmatizados, como son las prostitutas o trabajadoras sexuales. En anteriores trabajos se ha reportado cómo las legislaciones criminalizadoras aumentan la violencia hacia las mujeres en prostitución (Calderaro y Giametta, 2019). En este artículo, antes de abordar la violencia vivida por muchas mujeres en esta actividad, se describe el contexto social del sexo de pago en España, como país de estudio, para entender las fuentes de violencia que, posteriormente, serán expuestas en los epígrafes siguientes.

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