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El Gobierno abolirá la prostitución sin saber cuántas personas la ejercen en España
El Gobierno abolirá la prostitución sin saber cuántas personas la ejercen en España

Esta política integral de ayudas psicológicas, médicas, jurídicas, económicas o sociales para su recuperación e integración sociales sería muy similar a la red de asistencia con la que Estado, autonomías y ayuntamientos tratan de rescatar a las víctimas de la violencia de género de esa otra lacra. Esta red social de recuperación se desarrollaría a través de la ley de Trata, cuyo borrador elaboran en la actualidad los ministerios de Igualdad y Justicia. Las mujeres extranjeras están atravesadas por varios ejes de desigualdad e interseccionalidad (sexo, estrato dentro de la prostitución, lugar de ejercicio, nacionalidad, idioma, cargas familiares, etc.) que marcan su situación dentro del comercio sexual, ofreciéndoles mayor o menor protección contra la violencia y el abuso. Por ejemplo, las mujeres en situación administrativa irregular, con cargas familiares, racializadas o con desconocimiento del idioma tienen más fuentes de agresión o abuso. Por otro lado, las mujeres situadas en polígonos industriales, carreteras o vías públicas están más expuestas a agresiones que en los espacios cerrados. Estas fuentes de violencia y opresión proceden principalmente de los clientes, de la policía, de los grupos incontrolados, de sus parejas, de las personas encargadas de los establecimientos y de los proxenetas.

Por este motivo, desde su despacho Granda y Asociados, ha lanzado un proyecto de reinserción llamado Woman helps woman. Una iniciativa que pretende ayudar a las mujeres en riesgo de exclusión social a tener otras fuentes de ingresos. Regulando sus derechos de trabajo, estas mujeres estarían más seguras ya que podrían denunciar todos los abusos que se cometan contra ellas”, explica por su lado Nuria Granda, abogada penalista especializada en violencia machista. Holanda, por su parte, levantó la prohibición de los burdeles en el año 2000 y desde entonces tolera el trabajo sexual, pero deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de exigir un permiso para trabajar en el sector.

Las propias características de la prostitución en España -donde la prostitución autónoma está en un limbo legal y el proxenetismo es delito- hacen imposible saber exactamente cuánto dinero mueve la compra-venta de servicios sexuales. Pero estas sanciones a la prostitución no se aplican en el municipio catalán, según explicaron las fuentes del Ayuntamiento a Newtral. “Nuestra propuesta política no incluye sancionar y perseguir a las mujeres que ejercen la prostitución”, anunció Laura Pérez, entonces concejala del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI de Barcelona. Por otro lado, la ordenanza municipal pretende perseguir la demanda, negociación y aceptación de los servicios sexuales.

En el caso de la ordenanza de Sevilla, la prostitución se califica como “una de las manifestaciones más extremas de violencia de género”. Por este motivo, esta normativa pretende sancionar con multas de hasta los 3.000 solo a los clientes, dejando fuera a las mujeres que se dedican a estas prácticas. En el caso del Ayuntamiento de Alicante, en su momento aprobó su propia normativa que también perseguía a la ofertante de servicios sexuales con multas de hasta 750 euros. Sin embargo, en 2023 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló esta ordenanza al carecer de un preceptivo informe de impacto de género.

En este modelo se despenaliza el ejercicio de la prostitución, pero la responsabilidad recae en lo qu rodea a la práctica, es decir, proxeneta y cliente. Se ve a la mujer prostituida como víctima y se ofrecen alternativas para salir de ese entorno. En este sistema se considera a la prostitución como una vulneración de los Derechos Humanos y una forma de dominación por parte del hombre a la mujer, propia de la sociedad patriarcal, que lleva a la desigualdad y a la violencia de género. Algunos países que han adoptado el modelo regulacionista de la prostitución son Australia, Suiza y algunos estados de EE.UU. En Australia, según el Informe de Trata de Personas 2020 del Departamento de Estado de EE. UU., el país es tanto un lugar de destino como de origen para las víctimas de la trata de personas.

La prostitución libre no está recogida en el Código Penal, pero éste sí que establece con claridad los delitos de prostitución de menores, la prostitución forzada o coaccionada en mayores de edad y el hecho de lucrarse de que otra persona ejerza la prostitución, aunque lo haga voluntariamente, si hay explotación. Sigue la resolución (cuyo final se huele) que el hecho de que el ejercicio de la prostitución por la propia persona prostituida no sea ilícita penalmente no significa que sea una actividad lícita o permitida, sin que la mera tolerancia pueda considerarse declaración de licitud; antes bien, constituye una actividad prohibida por normas legales no penales. Tributarían en el IRPF cuando sean por cuenta ajena, al tener que declarar los rendimientos del trabajo personal de las rentas obtenidas por el ejercicio de la actividad. Si fuese como empresario/a individual, sus ingresos estarían sujetos como rentas derivadas de actividades económicas. Al ser un mercado alegal se caracteriza por su flexibilidad laboral, tanto en horarios, lugares y espacios de ejercicio.

"Si alguien piensa que una ley abolicionista lo resuelve en un plis plas, que se vaya a Francia y vea que en 2016 se aplicó una ley abolicionista y no se ha abolido. Si alguien piensa que esto se resuelve https://doodleordie.com/profile/guthriepoe3 , que se vaya a Alemania o Amsterdam y verá que no", asevera Ariño. Durante la pandemia, señala, hubo una "diversidad de estrategias" para eludir los controles y, aunque los clubes tuvieron que cerrar, "o abrieron de forma intermitente", la práctica de la prostitución en los pisos no se pudo controlar y "se mantuvo contacto físico y sin protección" frente al coronavirus. El análisis de webs y plataformas ha permitido a Ariño confeccionar mapas de anuncios, pisos, clubes y agentes por toda España, así como de los servicios que ofrecen, y comprobar el "carácter mercantilizador, machista y agresivo en muchas ocasiones, que aproxima prostitución y pornografía". En los últimos diez años, según Ariño, la prostitución ha sufrido una transformación profunda ante la generalización de los teléfonos inteligentes y la ubicuidad del acceso a internet, con nuevas formas de organización en torno a plataformas que la ha hecho más móvil y dispersa pero, sobre todo, "más invisible y más normalizada".

En países como Hungría y Letonia la prostitución es legal y está regulada, pero no los prostíbulos. Este Ejecutivo "no va a avalar a un sindicato de una actividad que es ilegal", ha recalcado la ministra. En el caso de España existen normas municipales que sancionan esta actividad en la vía pública. La problemática es amplia y variada y parte de la base de que el consumidor de sexo está en una posición de privilegio y, en muchas ocasiones, impone prácticas sin protección contra las enfermedades o violentas, por no hablar de las condiciones inhumanas a las que, con frecuencia, les someten los tratantes o explotadores. De hecho, el portal feminicidio.net calcula que desde el 2010 a 2021 han sido asesinadas 60 prostitutas.

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