Notes

Prácticamente desahuciada por las políticas neoliberales, la lucha por la democratización de la comunicación se presenta hoy con singular vitalidad en sintonía con los cambios políticos que vive América Latina desde la década pasada. Ya no se trata de un asunto circunscrito a quienes se encuentran vinculados directa o indirectamente a la comunicación, sino de una causa asumida por cada vez más actores sociales, puesto que ventila el futuro mismo de la democracia.
La democratización de la comunicación es, ante todo, una cuestión de ciudadanía y justicia social, enmarcada en el derecho humano a la información y a la comunicación. Por lo mismo, es consustancial a la vida democrática de la sociedad, cuya vitalidad depende de una ciudadanía debidamente informada y deliberante para participar y corresponsabilizarse en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Bajo la hegemonía neoliberal, esta aspiración democrática se ve seriamente constreñida pues colocar al mercado como eje del ordenamiento social implica diluir todo sentido de ciudadanía, para dar paso a la figura omnipresente de consumidor/a, con la particularidad que la comunicación pasa a constituirse en soporte clave de tal proceso. Esto es, la comunicación,por el acelerado desarrollo de tecnologías y técnicas que registra, no sólo que es objeto de sustantivos cambios internos, sino que se convierte en uno de los sectores más dinámicos, con profundas repercusiones en todos los órdenes de la vida social. En tanto proyecto global, se pone a la orden del día la imposición de políticas de liberalización y desregulación, sobre todo en materia de telecomunicaciones, para eliminar cualquier regulación o espacio estatal que pudiera interponerse a la expansión transnacional, y de normativas orientadas a lograr que de una vez por todas la información y la producción cultural sean consideradas meras
mercancías. Y es así como se potencia una industria mediática y de la cultura altamente concentrada y regida por criterios exclusivamente comerciales, bajo los cuales lo que cuenta son los criterios de rentabilidad por sobre aquellos de interés público.