Notes

Cinco argumentos para hablar (y discutir) sobre la detención de Uribe
“Uribe nos devolvió el país”. “Uribe mejoró la seguridad”. “Su Gobierno tuvo resultados inverosímiles”. Desmenuzamos los argumentos de quienes defienden al expresidente con cinco expertos para entender su lógica argumentativa y sus matices.
Desde el pasado 4 de agosto, cuando la Corte Suprema de Justicia emitió la medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe, han circulado todo tipo de argumentos en redes sociales, y en conversaciones familiares, que celebran o critican la medida.

— “Uribe nos devolvió el país”.

—”¿Por qué él y no los de las Farc que siguen libres?”

— “Uribe mejoró la seguridad”.

— “Su Gobierno tuvo resultados inverosímiles”.

No solo circulan en chats, también en columnas dominicales de periodistas y en los canales preferidos de comunicación de congresistas y fuerzas políticas. Mientras hay quienes reciben la decisión de la Corte como un golpe, y hasta piden suprimir esa y todas las altas cortes, otros lo consideran un paso clave para mostrar que no hay nadie por encima de la ley.

Tomamos algunos de los argumentos más sonados y los repasamos con expertos en cada tema para que explicaran su contundencia argumentativa y, sobre todo, sus matices.
La noticia de la orden de detención domiciliaria en contra del actual senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, no solo abre un capítulo importante en la historia de la política reciente del país, sino que además plantea el final de este proceso por sobornos y falsos testigos. La defensa de Uribe Vélez destaca que todo se trata de que no hay pruebas de delitos.

Vea en gráficas la linea del tiempo del proceso de Álvaro Uribe

Los dos principales abogados del expresidente, Jaime Lombana y Jaime Granados, han sostenido desde el inicio del proceso que la indagatoria inicial del proceso estuvo basada en un montaje, construida con elementos como grabaciones ilegales que no se podían usar como pruebas.


La detención de Álvaro Uribe fulmina su etapa de senador
Luego, en el desarrollo de la investigación, esas interceptaciones fueron revisadas y aceptadas como válidas por la misma Corte Suprema de Justicia. La defensa de Uribe, sin embargo, ha insistido en que al tratarse de violaciones al derecho a la defensa, no podían ser utilizadas. Además, aseguraron que en las más de 21.000 grabaciones que le hicieron a Uribe Vélez, no existía una sola palabra que lo comprometa con actividades ilegales.

En octubre del año pasado, Lombana dijo que Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo del caso y quien está detenido purgando una sentencia por paramilitarismo, lo que hizo fue tenderles una trampa para que personas cercanas al expresidente fueran a visitarlo. El propio Lombana resultó salpicado.
10 RAZONES PARA LEGALIZAR EL ABORTO TEMPRANO
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Leyes, jurisprudencia y tratados para la legalización

1
la penalización del aborto no disuade a las mujeres

2
afecta, restringe y viola derechos humanos fundamentales de niñas, adolescentes y mujeres

3
las induce a recurrir a métodos de aborto inseguros y riesgosos para su vida y su salud

4
aumenta las muertes y la pérdida de la salud de las mujeres por abortos inseguros

5
impacta negativamente en el acceso a los abortos legales

6
la falta de acceso a abortos seguros cuando está en riesgo la vida o la salud produce muertes por causas indirectas

7
la penalización del aborto tiene un impacto diferenciado en las mujeres pobres y jóvenes

8
las expone a ser víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y de violencia institucional

9
valida un mercado millonario y clandestino que lucra con la autonomía de las mujeres

10
la penalización del aborto va en contra de una sociedad igualitaria
Parece ser que la misma causa genera los mismos efectos, por lo menos en lo que se refiere a los abusos policiales en las periferias urbanas de Francia y en las reacciones de indignación que provocan. Desde los primeros "motines" en la periferia de Lyon a finales de los 70, los abusos de la policía provocan la explosión del sentimiento de injusticia de los habitantes de estos barrios. Pero esta vez, el debate ha irrumpido en una campaña presidencial que parecía haber eludido el debate de la relegación socioespacial que se vive en los barrios periféricos.

¿Reflejan los abusos policiales un racismo sistémico en Francia?

El pasado 2 de febrero, cuatro agentes de policía arrestaron a Théo en Aulnay-sous-Bois, la periferia Norte de París. "Le vi con su porra: bajó mi pantalón y me la introdujo entre las nalgas, voluntariamente... En el coche, me golpearon mucho... con la porra, en las partes íntimas ... me escupieron y me insultaron", testimonia Theo. Lo trataron de bambula (insulto racista heredado de la colonización) y de "puta". Una lesión del canal anal de 10 centímetros de profundidad, según el informe médico, le causó una incapacidad de trabajo de 60 días. Por estos hechos, un policía está acusado de violación por la Fiscalía y tres más por violencia intencionada.

En Francia, cada año, 15 personas mueren en intervenciones policiales. La gran mayoría de ellos provienen de minorías visibles. En un informe divulgado esta semana, Amnistía Internacional considera preocupante la situación de las violencias policiales y de las discriminaciones en Francia, como había hecho previamente en 2011, así como Human Rights Watch en 2012. En 1999, la Corte Europea de Derechos Humanos condenó al "país de los derechos humanos" por tortura, tras la agresión continuada de un inspector a Yassine D. de 16 años. En mayo del 2016, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura mostró su preocupación por el uso abusivo de la fuerza por las fuerzas policiales en Francia y recomendó al estado una serie de medidas para enmarcar la actuación policial en el respecto de los derechos humanos y facilitar el acceso a la justicia de las víctimas.

Lejos de tomar en cuenta estas recomendaciones, y en el contexto muy tenso de la lucha contra el terrorismo, el gobierno francés extendió las prerrogativas de la policía como consecuencia del estado de emergencia que sigue en vigor desde noviembre de 2015. En este contexto, la Asamblea Nacional acaba de aprobar el proyecto de ley de Seguridad Pública bajo la presión de los sindicatos de policía. Esta norma incrementa la posibilidad de las fuerzas del orden de hacer uso de sus armas y dificulta la defensa de las víctimas al establecer una presunción de legítima defensa en favor de los agentes de policía.

En noviembre de 2016, tras largos años de lucha de asociaciones antiracistas y de defensa de las víctimas de abuso policial, la Corte de Casación francesa reconoció el carácter discriminatorio de un control de identidad basado en la apariencia de un joven de origen africano.

Mientras que a las autoridades francesas les cuesta asumir el carácter racista de los abusos policiales, algunos analistas relacionan directamente la gestión policial de los indígenas en el imperio colonial y las poblaciones "racializadas" de los barrios periféricos. Según el sociólogo Mathieu Rigouste: "En los años 30, el Estado francés creó la Brigada de Vigilancia de los Norte-Africanos y luego en 1953, la Brigada de las Agresiones y Violencias. El acento ya no se pone en la "raza" de los colonizados sino en su supuesta criminalidad. La primera brigada anticriminal se crea luego en Saint-Denis, por Pierre Bolotte, ex director de Gabinete del prefecto de Argel entre 1955 y 1958, y prefecto de Guadalupe durante la masacre de Estado de 1967, cuando la represión de una manifestación por las fuerzas del orden hizo más de 80 muertos".

Además, según una reciente encuesta del centro de Investigación de la Escuela Ciencias Políticas, los agentes de este sistemas serían muy afines a las ideas del la extrema derecha: entre los militares y la policía, el 51,5 % votaron por el Frente Nacional de Marine Le Pen.

Volver a hablar de desigualdades y racismo a dos meses de las elecciones presidenciales

Durante estos últimos años, los gobiernos franceses, tanto de derecha como de izquierda, han aplicado sin concesión las políticas europeas de austeridad, disminuyendo los servicios públicos, las subvenciones a las asociaciones y las dotaciones a municipios provocando un gran incremento de las desigualdades. Esto se refleja de forma acuciada a nivel territorial en los más de 750 barrios considerados prioritarios por el gobierno, donde el 39% de la población tiene menos de 25 años y el 28,8 % de las persones viven por debajo de umbral de la pobreza.

Hollande no cumplió dos de las mayores promesas de su programa, relativas a las periferias: luchar contra los controles policiales discriminatorios entregando un recibo en cada control y dar el derecho a voto a los extranjeros no comunitarios en las elecciones municipales (en estos barrios el 17,5% de la población es nacida en el extranjero o nacionalizada francesa, es decir, dos veces más que en el resto del país). Al contrario, el gobierno de Valls propuso la revocación de la nacionalidad para las personas que tienen doble nacionalidad en caso de actos terroristas, una medida claramente discriminatoria propuesta por la ex