Notes

La prostitución en España 45 000 mujeres y cinco millones de euros al día
¿Es legal la prostitución en España? Qué dice la legislación al respecto en 2023

El
tercer capítulo, que lleva por título "La reglamentación
bajo la monarquía de Isabel II. Del Bienio progresista a la Gloriosa",
trata los aspectos de las reglamentaciones promulgadas en toda España
entre 1854 y 1869. En primer lugar, las referidas a la ciudad de Madrid,
entre 1854 y 1865, que se convertirán en el modelo mediante el cual
se elaborarán los diferentes reglamentos promulgados en las provincias
y ciudades españolas a partir de 1854, y en las que se introducirá
el término "higiene especial" por primera vez a partir de 1865. En segundo lugar, Jean Louis Guereña tras elaborar el cuadro de
los diferentes reglamentos publicados entre 1845 y 1867 en un total de
trece ciudades españolas, analiza el precedente de la alcaldía
de la ciudad de Cádiz, en la que, desde 1845, existía en
sus Ordenanzas municipales un artículo referido a la prostitución. La primera reglamentación
de la prostitución se produjo en la capital gaditana a partir de
1861 si bien, algunos años antes ya se había promulgado el
primer reglamento de la provincia gaditana en la ciudad de Jerez en 1855,
reglamentándose la prostitución en las ciudades de San Fernando
y el Puerto de Santa María, a partir de 1864. Jean-Louis
Guereña incorpora, además, interesantes referencias al imaginario
de la prostitución y a la literatura clásica costumbrista
y realista sobre dicho tema, adentrándose en el campo de la sociología
y tomando como punto de partida el burdel tolerado en sus distintas variantes,
un lugar que representa "el compromiso estratégico entre familia
y estado en el seno de una sociedad de vigilancia y disciplina social".

De hecho, han existido múltiples reglamentaciones como la aprobación de la Ley de Profilaxis Pública de Enfermedades Evitables, que estipulaba que las mujeres que ejercieran esta profesión debían estar inscritas en un registro público y, al mismo tiempo, someterse a exámenes médicos periódicos para evitar la propagación de enfermedades venéreas entre la población. A pesar de esto, dado que los ayuntamientos sí que tienen competencias con respecto a la ordenación del territorio y a la regulación de las actividades económicas, pueden poner ciertos límites y barreras al ejercicio de la prostitución. Por ejemplo, pueden denegar las licencias a los locales de alterne donde se ejerza la prostitución (o actividades relacionadas con esta). Del mismo modo, se pueden delimitar áreas donde el ejercicio de la prostitución no estará permitido o se intentará reducir. parejas liberales en girona los mayores ejemplos al respecto es la calle Montera en Madrid, donde durante décadas se ha ejercido la prostitución en la capital, pero en 2013 se planteó en el Ayuntamiento de Madrid la Ordenanza de Convivencia Ciudadana (que no fue aprobada) que contemplaba multas de hasta 750 euros a los clientes de la prostitución. En cambio, se implantaron medidas a partir de 2015 para sacar la prostitución de la calle Montera (instalación de cámaras de vigilancia con un objetivo disuasorio) o un mayor grado de limpieza.

El modelo abolicionista de la prostitución no es un caso exclusivo de España, sino que también se da en Portugal, Inglaterra, Escocia, Gales, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Andorra, Mónaco, Finlandia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Eslovenia, Malta, San Marino, Chipre, Estonia, Bulgaria y Montenegro. La legislación sobre la prostitución en España (o su ausencia) es competencia exclusiva del Estado. Esto significa que los gobiernos autonómicos se deben limitar a aplicar la legislación nacional vigente respecto a esta materia. Hay que tener en cuenta, según advierte la profesora e investigadora de la Universidad Carlos III Paula Sánchez Perera que "los datos proceden de los espacios más accesibles, la calle o los clubes". "Acceder a los pisos clandestinos es más difícil y la mayoría está en la clandestinidad". A continuación, EL PERIÓDICO ofrece una radiografía sobre lo que se sabe y no se sabe de la prostitución en España, a partir de los informes oficiales, de los datos de las oenegés y las opiniones de expertos.

En esta línea, ha reivindicado medidas educativas para "desintencivar" la prostitución así como impulsar la formación especializada en perspectiva de género y derechos humanos "como elemento clave a la hora de abordar este fenómeno criminal" para los profesionales que trabajan en este ámbito. La gran oferta de mujeres en prostitución y lo baratos que son sus servicios son indicados reiteradamente como puntos fuertes de España. Según el listado de precios que incluye la wikisex, por 35 dólares (30 euros) se puede obtener un servicio sexual de una prostituta negra en Madrid. "España es el país número uno de Europa en turismo sexual, habiéndole tomado la delantera a Ámsterdam. La prostitución es completamente legal, así que montones de colegas acuden allí cada año", dicen en la web de ocio ladsholidayguide. Características psicosociales, calidad de vida y necesidades de las personas que ejercen prostitución. El PSOE sabe desde este miércoles que, en principio, el PP está de acuerdo con su proposición de ley abolicionista, ya que su contenido es prácticamente idéntico al de las enmiendas fallidas a la ley del «solo sí es sí» que los populares estaban dispuestos a apoyar antes de que fuesen retiradas in extremis por los socialistas para salvar la nueva norma contra la violencia sexual.

Una actividad a la que la reforma abolicionista que impulsa el PSOE, que previsiblemente será admitida hoy a trámite en el Congreso, podría poner freno. “Una cosa es establecer una norma para tratar de regular la prostitución, y otra cosa es que se pueda hacer con efectividad en un sistema tan solido y sistematizado. Sin embargo, todo lo que sea penalizar la compra de los servicios sexuales es bienvenido. Hay que tener en cuenta que más del 90% de estas mujeres son tratadas con fines de explotación sexual, por lo que no ejercen la prostitución de forma libre y autónoma”, explica Pepe Fernández, presidente de Médicos del Mundo.

Una actividad a la que la reforma abolicionista que impulsa el PSOE, admitida hoy a trámite en el Congreso, podría poner freno. Este modelo distingue entre prostitución forzada y voluntaria, siendo esta última considerada un trabajo, con sus derechos y obligaciones laborales para todas las personas que se encuentren dentro de la industria. Se entiende por lo tanto, que la prostitución voluntaria es un trabajo como cualquier otro. Las mujeres prostituidas pasan a ser trabajadoras sexuales y los proxenetas empresarios del sexo. Se legalizarían los clubes y los espacios públicos o privados designados para la práctica. Entendemos por violencia estructural aquella que es generada desde las estructuras y acciones políticas, sociales, económicas y culturales hacia personas o colectivos determinados, como resultado de instituciones situadas en la estructura social (Harper, 2022).

El CIS mostraba en 2008 que el 4,6% de los hombres había pagado por mantener relaciones sexuales en los 12 meses anteriores. En 2003, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística reveló que el 27,3% de los hombres había recurrido a la prostitución en algún momento de su vida, el 6,7% durante el año anterior. Más allá del debate sobre qué hacer con la prostitución, España arrastra ya hechos y políticas que configuran un marco heterogéneo, también contradictorio, que está lejos de un modelo consistente para abordar este fenómeno. Es alegal y faltan datos oficiales, pero cuenta para el PIB; no es considerada una relación laboral, pero hay patronales registradas; no hay un marco estatal de sanciones, pero sí ordenanzas que establecen multas, también incluso para prostitutas. La norma socialista para abolir la prostitución modifica el artículo 187 del Código Penal para «castigar de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación».

Solo 24 horas después de que los socialistas pinchasen en su intento de lograrlo a través de un atajo, mediante una enmienda a la ley del «solo sí es sí», han tomado el camino principal y esta mañana han registrado en el Congreso una proposición de ley que reclama la prohibición y persecución de una industria, en muchos casos coercitiva y clandestina, que vive de la explotación sexual de las mujeres. Y es que los empresarios de clubes de alterne y prostitución por cuenta propia están legalmente organizados en nuestro país. Dos sentencias diferentes reconocieron su naturaleza y obligaron a la Dirección General de Trabajo a inscribirles en 2004. Ese año, el Tribunal Supremo legalizó la Asociación Nacional de Empresarios Mesalina, cuya actividad es la tenencia y gestión de establecimientos que ofrecen “productos o servicios” a personas “que ejerzan el alterne y la prostitución por cuenta propia”. La Dirección General de Trabajo había denegado su inscripción por hacer alusión a la prostitución pero el Supremo dictó su registro. La sentencia argumentaba que se trataba de establecimientos hoteleros que necesitaban personal para funcionar y, por tanto, tenían legitimidad para asociarse como empresarios.

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